La tenencia, sin medias verdades

LECTURAS
NOÉ GUERRA PIMENTEL

En 1953, en gira presidencial de Adolfo Ruiz Cortines por el norte del país, en Piedras Negras, Coahuila, la gente lo agredió, lo recibieron a gritos y tomatazos. Calmados los ánimos, él dialogó con los inconformes, quienes le expresaron que la gente de la aduana los trataba mal, muy mal y que les impedía pasar en sus carros por la frontera, mismos que utilizaban para ir a trabajar, principalmente a Eagle Pass, en Texas, y que por otro lado los munícipes colindantes de Coahuila los perseguían e infraccionaban por no pagar impuestos de importación vehicular de sus unidades de trabajo con placas de Estados Unidos y que por la misma razón no podían obtener su licencia de manejo y cuando se les descomponían sus vehículos no los podían reparar, porque tampoco dejaban pasar las refacciones sin pagar impuestos y si lo hacían de contrabando, única posibilidad, los sancionaban y cerraban el taller donde estuviera el coche. Molesto, el presidente habló con Antonio Carrillo Flores, entonces titular de la Secretaría de Economía, para que interviniera y resolviera el problema. El secretario instruyó a Raúl Noriega, oficial mayor de la dependencia para que de inmediato se trasladara para allá, Noriega invitó al jefe del Departamento de Estudios Especiales y Asuntos Administrativos, al colimense Francisco Velasco Curiel.

Durante el vuelo, enterado del conflicto, le propuso al funcionario federal una medida política y de positivo impacto social inmediato: crear un régimen especial para toda la frontera norte, argumentándole que “como existía vigilancia aduanera en el kilómetro 28 sobre toda la línea fronteriza con Estados Unidos, y para tener control de los vehículos que circulaban, sugerir a las cámaras empresariales de Piedras Negras que sus agremiados pagaran 10% de los impuestos que contenía la tarifa arancelaria de importación y que los vehículos transitaran libremente entre el río Bravo y el Kilómetro 28, con la factibilidad de que los mismos, después de diez años, podrían introducirse a todo México, obteniendo toda la documentación comprobatoria de importación sin pago adicional”. Al arribar a la frontera, Noriega hizo el mismo planteamiento a Ruiz Cortines, quien sin modificación y sin demora aceptó la propuesta y a otro día se inició el registro de todos los automotores de quienes acreditaron residir en Piedras Negras. La población volvió a manifestarse, pero fue para aplaudir y agradecer al presidente la eficaz medida que de raíz cortaba un muy sentido problema que por décadas nadie había atendido y mucho menos resuelto.

El formato del régimen fue difundido y solicitado de tal manera que se convirtió en decreto presidencial aplicándose ese mismo año en toda la franja fronteriza. No obstante, existía el problema de los vehículos de procedencia extranjera, “chocolates”, que sin permiso ni control y sin pagar impuestos de importación circulaban por el interior del país. Con el propósito de controlarlos y ajustarlos a la legalidad, fue creado el Registro Nacional de Vehículos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo su primer director Velasco Curiel. El objetivo primordial del registro fue “además del aspecto impositivo, el de mantener el padrón al día para fijar cuotas a las plantas locales, entonces sin control, sobre importación de material de ensamble y las refacciones para todo el parque vehicular del país, información valiosa para la industria del acero nacional, para la producción programada de motores, muelles, resortes, amortiguadores, cajas de velocidades, defensas, lámina para carrocerías, etc., combate al robo de unidades y contra quienes delinquían en estos vehículos”.

Pero no fue todo, para garantizar el consumo de partes fabricadas en el país, simultáneamente se promovió y estimuló la fabricación nacional de vehículos adecuados a las necesidades y al grado de desarrollo de las diferentes regiones de México, buscando con ello desalentar y limitar el gasto en automóviles suntuarios, de lujo o deportivos de fabricación extranjera, se creó el impuesto sobre uso o tenencia de coches en 1955. El decreto original fue totalmente modificado con el del 28 de diciembre de 1962, con la disculpa de que era “para salvar la contingencia económica de las Olimpiadas de México 68”, que amplió aceptablemente la base tributaria, incluyendo gravar otro tipo de vehículos de lujo: yates, veleros, carabelas, motocicletas, etc., lo que se mantuvo después de los juegos y no sólo eso, se extendió al resto de automotores.

Si bien Francisco Velasco fue el creador del impuesto en 1953 éste tuvo un fin específico, lo demás ya fueron otras cosas y para evitar versiones gratuitas sólo baste precisar que Velasco Curiel fue senador de la República en 1958, curul de la que en 1961 -año y medio antes del crecimiento tributario- pidió licencia para iniciar su campaña por la gubernatura de Colima, de la que tomó posesión el mismo 1961 (un año antes) como gobernador, ejercicio que concluyó en 1967 -antes de iniciar las Olimpiadas y de la siguiente apertura a la base impositiva-. Es decir, en justicia y apegados a la verdad, el colimense estuvo al margen de las decisiones finales que hoy nos golpean con el excesivo pago de la tenencia.

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